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Centros de discapacitados temen cierres y despidos por los recortes

Escrito por la cronica de badajoz on .

Corremos el riesgo de tener que cerrar en unos meses". "La situación es muy dramática. Si no cambia, en breve habrá que prescindir de trabajadores". Son frases de responsables de dos de las asociaciones dedicadas en Extremadura a la atención a los discapacitados. Ambas reflejan la delicada situación por la que atraviesan a nivel particular sus colectivos y, por extensión, todo el sector. La reducción de las partidas presupuestarias de la Junta destinadas a sufragar los servicios sociales que prestan han puesto al borde del abismo a entidades como Aprosuba 6 de Llerena o Cocemfe Cáceres.

Las dificultades de financiación asfixian, hoy más que nunca, a las organizaciones de discapacitados. Las subvenciones con las que el Gobierno regional paga parte de los servicios sociales que asumen estas entidades no solo se abonan a destiempo; también han sufrido importantes recortes en los últimos dos años y todo apunta a que sufrirán un nuevo tijeretazo en este 2012 después de que la Junta haya aprobado partidas para la discapacidad por un montante de 4,8 millones de euros menos que las presupuestadas en el 2011. La Administración regional ha negado que el dinero vaya a ser inferior al realmente gastado durante el año pasado. Pero al mismo tiempo ha advertido al sector de que se deberá dar por satisfecho si alguna de sus asociaciones logra el mismo importe que en el último ejercicio.

Aprosuba 6 atiende a 125 discapacitados en el municipio de Llerena y su comarca. "Pudimos terminar 2011 gracias a un expediente de empleo (ERE) que redujo la jornada laboral del 80% de nuestra plantilla entre abril y diciembre. Ahora no sé qué vamos a tener que hacer", explica su gerente, Julián Galindo. La asfixia económica de esta entidad no halla respiro. Cobra en fecha los servicios conveniados con la Junta a través del Marco de Atención a la Discapacidad (Madex), "pero sin cubrir los costes reales". En Llerena ponen como ejemplo que la prestación que reciben por la vivienda tutelada que mantienen es de 65.400 euros, mientras que solo en personal el gasto de ese centro asciende a 65.500 euros anuales. "El Madex no se ha vuelto a revisar desde 2009, pero los costes siguen subiendo", lamenta Galindo.

El sistema de subvenciones, con el que se financian otros servicios a la discapacidad, ha agravado su situación. Como la Junta paga estas prestaciones con varios meses de retraso respecto a la aprobación de la convocatoria, las asociaciones tienen que buscar otras vías de financiación. "Tratamos de tapar el déficit que se iba generando año a año con pólizas de crédito y al final hemos tenido que pedir un crédito ICO porque el banco ya no nos ampliaba el plazo de devolución", relata el responsable de la entidad llerenense. Si no llega una solución, todo podría venirse abajo: "la situación es tan preocupante que estamos en riesgo de tener que echar el cierre".

SUBVENCION NO GARANTIZADA No le va mucho mejor a Cocemfe Cáceres. Tiene 57 trabajadores, la mayoría de ellos discapacitados, personas que han encontrado en esta organización una oportunidad de trabajar y de integrarse con absoluta normalidad en la sociedad. "Pero en 2010 nos recortaron un 16% la subvención del programa de normalización, en el 2011 un 40% y la Junta todavía no nos ha dicho cuánto nos va a conceder este año ni nos da seguridad sobre si recibiremos algo", advierte Manuel González, su presidente. "Esto supone que en un periodo más corto que largo tendremos que prescindir de parte de la plantilla para poder seguir adelante". Los otros grandes damnificados de esta medida serían las 80 personas con discapacidad que reciben atención sociosanitaria y formativa a diario en esta entidad, dotada de residencia, centro de día y centro de habilitación.

Fuentes del sector aseguran que no son casos aislados, que la situación es generalizada y que las dificultades de todas las organizaciones irán aflorando en los próximos meses si la Junta no pone una solución encima de la mesa. CCOO también expresó ayer su preocupación por estos colectivos. "Los recortes presupuestarios se están aplicando con extrema crudeza sobre los ciudadanos con discapacidad", se quejó su secretario general de Enseñanza, Tomás Chaves. Y eso afecta al empleo en el sector, en el que trabajan unas 10.000 personas en la región. Según el dirigente sindical, "se están destruyendo puestos de trabajo, sobre todo en los centros especiales de empleo, y también recortes salariales y laborales".